Mañana mismo está prevista la llegada al consejo de ministros del informe previo de la Ley de Administración Electrónica impulsada por el gobierno. No habría noticia alguna de no ser porque en ella el gobierno, de nuevo, se muestra pasivo y renuncia a la exigencia de que el software que usa la administración pública sea público. Si lo anterior no te altera deberías pensar si dejarías las llaves de tu casa, de tu coche o tu cuenta bancarias en manos desconocidas; pues bien, esto es lo que pasa cada vez que la administración usa software cuyo código no es de libre acceso.

Para más inri, a partir del ahorro que supone usar software libre (cuantificado en varios millones de euros en licencias) Extremadura y Andalucía han mejorado el equipamiento informático de sus aulas y han llevado la informática a la gente, encargan el desarrollo de su sistema operativo a empresas nacionales y lo ponen a disposición de todo aquel que lo quiera gratuitamente. Así, no es de extrañar que otras administraciones hayan emprendido iniciativas similares. Aunque desde la administración general del estado se ha habilitado un sitio web donde dejar comentarios uno se pregunta ¿a qué espera el estado para ser realmente público?.

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