Una queja recurrente en el mundo forense es la de que, con frecuencia, jueces y fiscales carecen de la preparación técnica necesaria para moverse con soltura por los intrincados vericuetos de la delincuencia económica. Y no cabe duda de que, a veces, hacen falta conocimientos y auxilio profesional muy capaz para desentrañar las madejas de las complicadas transacciones que dan apariencia de legalidad a los comportamientos delictivos.
Ahora bien, eso no es aplicable al mayor cáncer de corrupción de nuestra democracia, del que la trama marbellí es el ejemplo más señero. Mucha complejidad, en sí, no tiene lo de cambiar licencias urbanísticas por bolsas de basura reventando de billetes de quinientos euros. Y mucho me temo que esto viene a ser así. Nada de manejos a lo Enron o paraísos fiscales en las Bermudas. Esto, amén de delictivo, es grosero, ordinario, chusco. Más que de “ecos” de la corrupción, estamos hablando de sus regüeldos.
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